En la última década, los subsidios energéticos alcanzaron el récord de USD 85.000 millones

Un nuevo informe de KPMG –titulado “Tarifas eléctricas, congelamiento, subsidios e impacto del ajuste”– pone el acento en el efecto económico y social que el congelamiento de las tarifas y los subsidios al consumo eléctrico tuvieron en la última década, años en que la Argentina destinó un récord de USD 85.000 millones a los subsidios energéticos.
“Tanto el congelamiento tarifario como la política de subsidios al consumo eléctrico, si bien tuvieron algún efecto de corte social, han impactado negativamente en el desempeño de las empresas del sector energético y en las cuentas fiscales, siendo además uno de los factores más importantes en la determinación del déficit público comprobado”, especifica, entre sus conclusiones, KPMG.
El crecimiento de los subsidios en cuestión, de acuerdo al estudio, no tiene precedentes, habiéndose incrementado su magnitud en un múltiplo superior a las 870 veces respecto de 2002 y su participación en total de las transferencias, en más de 44 veces.
En este sentido, y desde un punto de vista comparativo, las tarifas eléctricas de la Argentina, hasta el reciente cambio de esquema, presentaron dos características fundamentales:
Eran anacrónicas, dado que estaban pesificadas y congeladas desde 2002 y sufrieron escasas variaciones o ajustes en los últimos años; y
Estaban desligadas de los costos de generación desde que la Ley de Emergencia Económica rompió la relación inherente entre estos (en que impactan el precio internacional del gas –de grandes variaciones en la última década– y la inflación local) y la tarifa de consumo (subsidiada por el Estado).
Teniendo en consideración estas cualidades, señala KPMG, la tarifa promedio que abonaba un usuario representativo hasta diciembre de 2015 estaba “en las antípodas de lo que abonan los usuarios en otros países de la región”, con la sola excepción de Venezuela.
En este sentido, “el valor de la energía eléctrica por kilowatt/hora (Kw/h) en la Argentina representaba, en promedio y hasta fines del 2015, alrededor de la sexta parte de la media regional (es decir, tan solo el 18% de esta) o la séptima y décima parte de las cobradas en Chile y Brasil, respectivamente. Si bien las diferencias en las tarifas medias que abonan los usuarios de los distintos países resultan muy notorias respecto al caso argentino (o al de Venezuela), las mismas no estarían explicadas por los subsidios en su totalidad sino también, y en gran parte, por el congelamiento anacrónico de las tarifas”.
Por otra parte, el estudio apunta que, en últimos diez años, los fondos asignados a subsidiar el consumo eléctrico crecieron en un múltiplo de 118, yendo de $ 1.185 millones en 2005 a rozar $ 140.000 millones en 2015. Del total acumulado de subsidios con fines económicos registrados entre 2005 y 2015, que llegó a USD 130.500 millones, el Estado destinó al sector energético USD 85.000 millones. “Comparados con los subsidios a otros sectores, el aquí analizado no tiene precedente histórico y ha sido un instrumento esencial de la política económica del último Gobierno”, enfatiza el informe.
En palabras de Ariel Eisenstein, socio a cargo de Energía y Servicios Públicos de KPMG y uno de los autores del estudio, la grave situación del sector llevó a que la calidad del servicio eléctrico disminuyera notablemente. “La mejor evidencia es que crecieron exponencialmente los reclamos de los usuarios a las empresas distribuidoras. En la última década la cantidad de reclamos por falta de suministro o deterioro en la calidad del mismo se ha multiplicado 18 veces representando, hoy, el 93% del total de los reclamos. En síntesis, la política de subsidios para mantener tarifas baratas fue contra los mismos usuarios que vieron cómo el servicio decaía año a año por la falta de inversiones a raíz de que las empresas tuvieron que afrontar serios problemas de desfinanciamiento”, describe.