A pocos días de finalizada la COP16 de Biodiversidad, comenzó la 29ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre. Durante este encuentro, los jefes de Estado, presidentes y representantes de más de 190 países se reúnen con el fin de avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global.
Esta COP se da en un contexto crítico. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicado en junio de 2024, hay un 80 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere en 1,5 °C los niveles de la era preindustrial. Sin embargo, y pese a estas alertas internacionales, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que participará como organización civil en la conferencia, aseguraron que “hoy en día se instalaron narrativas a nivel global que niegan el cambio climático y plantean que las herramientas para la protección de los bosques nativos, de los glaciares, del agua, de la biodiversidad y las tierras representan un estorbo a la producción”.
La situación en Argentina no es ajena a este contexto. “A 11 meses de la asunción de la nueva administración nacional, la implementación y avance de políticas ambientales están totalmente parados o incluso, en la mayoría de los casos, en retroceso”, manifestó Camila Mercure, responsable de Política Climática de FARN.
Los temas principales que se esperan abordar serán:
Financiamiento climático
“Se espera que esta sea la COP del financiamiento. En la conferencia se tiene que terminar de definir la próxima meta, que reemplazará la actual de 100 mil millones de dólares anuales desde los países del Norte hacia el Sur Global. Si esto sucede, se podrían habilitar nuevos canales y fuentes de financiamiento para que los países del Sur Global puedan abordar la crisis climática”, explicó Mercure.
Además, Mercure señaló: “Queda claro que en estos tiempos, con las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, se debería hablar de una movilización de billones de dólares del sector público mayoritariamente en forma de donaciones a los países del Sur Global”.
Si bien la cifra específica depende del país en cuestión, la mayoría de los países en desarrollo han presentado y solicitado que la nueva meta sea entre 1,1 y 1,4 billones de dólares. “No sirve de mucho una meta que sea de 1,1 o 1,4 billones de dólares si la mayor parte se brinda en forma de préstamos y viene del sector privado. Para que esta meta sea lo suficientemente ambiciosa, debe contemplar financiamiento público en forma de grants. Los países del Sur Global, además de tener que abordar la crisis climática a través de medidas de mitigación y, especialmente, de adaptación, y de tener que atajar las pérdidas y daños, poseen una economía debilitada, por lo que el acceso a financiamiento no debería generar más deuda”, sostuvo Mercure.
La responsable de Política Climática de FARN explicó que la importancia de que los países del norte cumplan con el compromiso de financiamiento radica en su responsabilidad histórica por haber contribuido en mayor medida a las causas del cambio climático, a diferencia de los países en desarrollo. En la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992, se adoptó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que establece que todos los países tienen la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son los países desarrollados los que deben asumir la mayor carga en función de su volumen de emisiones.
Según el Emissions Gap Report 2024, los países que más han contribuido en la emisión de dióxido de carbono (CO2) desde el inicio de la Revolución Industrial (1850) son Estados Unidos, con un 20% del total de las emisiones a nivel mundial; China, con el (12%); la Unión Europea (27 países), con el 12%; Rusia, con el 7%; Brasil con el 5% e India, con el 3%.
“Se espera que esta sea la COP del financiamiento. En la conferencia se tiene que terminar de definir la próxima meta, que reemplazará la actual de 100 mil millones de dólares anuales desde los países del Norte hacia el Sur Global. Si esto sucede, se podrían habilitar nuevos canales y fuentes de financiamiento para que los países del Sur Global puedan abordar la crisis climática”, explicó Mercure.
Además, Mercure señaló: “Queda claro que en estos tiempos, con las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, se debería hablar de una movilización de billones de dólares del sector público mayoritariamente en forma de donaciones a los países del Sur Global”.
Si bien la cifra específica depende del país en cuestión, la mayoría de los países en desarrollo han presentado y solicitado que la nueva meta sea entre 1,1 y 1,4 billones de dólares. “No sirve de mucho una meta que sea de 1,1 o 1,4 billones de dólares si la mayor parte se brinda en forma de préstamos y viene del sector privado. Para que esta meta sea lo suficientemente ambiciosa, debe contemplar financiamiento público en forma de grants. Los países del Sur Global, además de tener que abordar la crisis climática a través de medidas de mitigación y, especialmente, de adaptación, y de tener que atajar las pérdidas y daños, poseen una economía debilitada, por lo que el acceso a financiamiento no debería generar más deuda”, sostuvo Mercure.
La responsable de Política Climática de FARN explicó que la importancia de que los países del norte cumplan con el compromiso de financiamiento radica en su responsabilidad histórica por haber contribuido en mayor medida a las causas del cambio climático, a diferencia de los países en desarrollo. En la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992, se adoptó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que establece que todos los países tienen la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son los países desarrollados los que deben asumir la mayor carga en función de su volumen de emisiones.
Según el Emissions Gap Report 2024, los países que más han contribuido en la emisión de dióxido de carbono (CO2) desde el inicio de la Revolución Industrial (1850) son Estados Unidos, con un 20% del total de las emisiones a nivel mundial; China, con el (12%); la Unión Europea (27 países), con el 12%; Rusia, con el 7%; Brasil con el 5% e India, con el 3%.
Mercados de carbono
Muchos países ven en los mercados de carbono una oportunidad de financiamiento para la conservación y restauración de bosques, o una estrategia más accesible para cumplir con sus objetivos de carbono neutralidad. Sin embargo, “los mercados de carbono rara vez han conseguido las reducciones de emisiones que prometían”, afirmó Mercure.
Mercure explicó que en Argentina hay un proyecto de ley presentado sobre mercados de carbono. Si bien aún no se ha llegado a ninguna definición, este proyecto deja en evidencia cuáles son las prioridades del gobierno actual. La definición de lo que suceda en esta COP con respecto a este tema podría generar un avance en la agenda de la creación de mercados de carbono en la Argentina.
Combustibles fósiles y transición energética
Los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— son los que más contribuyen al cambio climático, ya que representan más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y casi el 90 % de todas las emisiones de dióxido de carbono, según indica Naciones Unidas. En Argentina, de acuerdo al Quinto Informe Bienal de actualización de Argentina a la CMNUCC, el sector energético fue responsable del 45% de emisiones de GEI durante 2022.
Durante la COP28 del año pasado se marcó un hito al comenzar a discutirse, por primera vez en casi tres décadas, la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. “Durante las negociaciones no se espera que este año los combustibles fósiles tengan un abordaje específico, sin embargo es un tema que permea otros ítems de agenda, como la nueva meta de financiamiento climático, el programa de trabajo de mitigación y el programa de trabajo de transición justa, entre otros.
En este sentido, la meta de financiamiento debería incluir una submeta para mitigación, en la cual podría hacerse una mención a la transición energética hacia fuentes renovables. Lo mismo sucede con el programa de trabajo de transición justa. Este programa abarca discusiones sobre la transición del sector energético, en la cual se quiso incluir algunos de los llamados del Balance Mundial como la triplicación de energías renovables y la transición lejos de los combustibles fósiles”, indicó Mercure
Además, agregó: “Si bien la transición en el sector energético resulta de gran importancia para cumplir con los compromisos internacionales, en la medida en la que la transición sea vista solamente como un medio para cumplir con los compromisos internacionales y solo se realice a través de un recambio tecnológico, unicamente se estará pasando de un modelo extractivista a otro acentuando la violación de derechos humanos y la vulneración de ecosistemas”.
Minerales como el litio o el cobre, entre otros, que se encuentran ubicados en los humedales andinos de Chile, Argentina y Bolivia —que concentran cerca del 53% de los recursos de litio a nivel mundial— son demandados por los países del Norte Global para la electrificación de sus vehículos. Mercure explicó que por esta situación deviene “el primero de muchos de los problemas y desafíos de la transición energética para los países del Sur Global”. Y agregó: “Están extrayendo minerales de nuestros territorios, afectando a las comunidades que allí viven y se desarrollan y degradando nuestros ecosistemas en pos de avanzar hacia la transición energética en los países del Norte Global”.
En este contexto, el Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés), una herramienta del Acuerdo de París para evaluar la acción climática, publicó durante la COP28 que “pese a los avances que se han logrado de forma general en materia de mitigación, adaptación y medios de aplicación y apoyo, las Partes aún no están colectivamente en camino de cumplir el propósito del Acuerdo de París y sus objetivos a largo plazo”.
En esta misma línea, de acuerdo con el informe de síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, las políticas implementadas a la actualidad dan como resultado emisiones proyectadas que conducirán a un calentamiento de 3,2°C, con un rango de 2,2°C a 3,5°C para la segunda mitad del siglo.