El Gobierno de Brasil ordenó la fiscalización de represas mineras de todo el país luego del colapso en Brumadinho, que ya dejó 65 muertos y más de 300 desaparecidos.
De acuerdo con una resolución publicada en el Diario Oficial, los organismos fiscalizadores tendrán que realizarlo de forma “inmediata” y priorizar aquellas clasificadas como poseedoras de “daño potencial asociado alto” o con “riesgo alto”.
Asimismo, ordena hacer auditorías a los procesos de fiscalización realizados en las represas y revisar la normativa relacionada con la vigilancia de la seguridad de las represas.
En ese sentido, el presidente de la República en ejercicio, Hamilton Mourao, convocó a una reunión para tratar los asuntos relacionados con la tragedia ocurrida hace cuatro días.
Desde ese momento, el gobierno instaló un gabinete de crisis que siguió la situación en la región y analizó cambios en la legislación relacionada con ese tipo de emprendimientos.
Por su parte, la minera Vale anunció que donará 100.000 reales (unos 23.000 euros) a cada familia de las víctimas,
Según indicó en una rueda de prensa el director ejecutivo de Finanzas de la mayor productora y exportadora mundial de hierro, Luciano Siani, el aporte es voluntario e independiente de las indemnizaciones que la compañía tendrá que pagar.
Siani aseguró que la compañía construirá una barrera de contención en la ciudad de Pará do Minas para evitar que el lodo, que avanza a cerca de un kilómetro por hora, llegue hasta el curso del río Sao Francisco, uno de los más importantes del país.
Pese a los esfuerzos de Vale para atender a las víctimas y sus compromisos con la reparación de todos los daños, el valor de las acciones de la compañía sufrió este lunes una caída del 24,52 % en la bolsa de valores de Sao Paulo y del 17,2 % en la de Nueva York, señaló la agencia Efe.
