El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó que las tarifas de servicios energéticos, si bien saldrán del proceso de la etapa de congelamiento, lo harán “muy por debajo de la evolución de los salarios”, al recordar que de aplicarse el sendero de actualización de la administración Cambiemos, los aumentos deberían ser superiores al 150% a partir del 1 de abril próximo.
Martínez se refirió al tema en momentos en que se desarrolla la audiencia pública por la definición de un esquema de transición para las tarifas de distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, y luego de las realizadas para la generación, transporte y distribución de gas natural por redes.
En declaraciones a Telefé Neuquén, el secretario reiteró que el mandato del presidente Alberto Fernández es “que no se pierda poder adquisitivo de los argentinos para pagar la energía” por lo cual “los salarios tienen que crecer mucho más de lo que evolucione la energía y su tarifa”.
Martínez resaltó que el proceso de audiencias públicas permitirá “salir de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) del gobierno anterior que obligaría estar aplicando incrementos altísimos superiores al 150% en electricidad, hoy algo impracticable para los bolsillos de los argentinos”.
“La tarifa de energía, mas allá que se sale del proceso de congelamiento, va muy por debajo de la evolución del salario. En términos porcentuales, la gente cada vez tiene que tener más dinero para consumir en bienes y servicios, y no que se incremente lo que se debe destinar al pago de la energía”, enfatizó.
Sobre el anunciado rediseño del esquema de subsidios, Martínez dijo que la mejor utilización de esa herramienta “tiene que tener en cuenta el nivel de ingresos de la sociedad; aquel que no puede pagar que sea ayudado por el Estado y quienes pueden afrontar el costo de la energía y cuyo impacto es mucho menor en sus ingresos, vayan en camino a pagar el costo” pleno.
En ese sentido, agregó que se espera que “antes de fin de año se pueda avanzar hacia un esquema en que se subsidia a aquel que realmente no lo pueda pagar”, pero es un proceso en desarrollo en que resolver los temas de implementación y “los problemas reglamentarios y legales que tiene”.
También, se refirió al requerimiento de gas importado que tendrá el país para afrontar los picos de demanda de gas natural en los meses de invierno, al insistir en que hubo “un declino de la oferta de Bolivia y las hidroeléctricas con la falta de agua en función de lo cual hubo que licitar la posibilidad de un segundo barco (regasificador de GNL) para resolver este primer invierno, el más complicado, el más critico porque el Plan Gas se lanzó a fin de año”.
